lunes, 29 de agosto de 2016

ATA espera que en el primer mes se pongan en marcha las medidas urgentes para autónomos

El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos para la investidura de mañana martes, en lo que a propuestas sobre autónomos se refiere, responde en gran medida a las formuladas por ATA. “La legislatura debe ponerse en marcha cuanto antes para aprobar en el primer mes las medidas urgentes que los autónomos necesitan”, asegura Lorenzo Amor, presidente de ATA. “De producirse unas terceras elecciones los autónomos sólo pueden perder, por inestabilidad, por desconfianza y por falta de medidas a su favor”.

El documento consensuado por ambas formaciones contempla medidas fiscales, administrativas y de Seguridad Social que beneficiarán al colectivo de trabajadores por cuenta propia. Entre ellas, ambos partidos entienden que el RETA necesita una reforma profunda.

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo anunciada en el documento rubricado entre Partido Popular y Ciudadanos para reducir las cargas administrativas de los autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido efectivamente.

Entre ellas:

• Ampliar la Tarifa de 50 euros al mes durante el primer año, en lugar de los 6 meses actuales. Casi un millón de autónomos se han acogido ya a esta medida.

• Que se calcule únicamente por los días efectivos de trabajo del mes correspondiente.

• Permitir hasta cuatro cambios al año en la base de cotización de los autónomos.

• Modular el régimen de recargos en la cotización de la Seguridad Social para los autónomos. Clarificar la deducibilidad de los gastos.

• Bonificar la cuota en su totalidad de las trabajadoras autónomas durante la baja por maternidad.

• Equiparar los incentivos económicos de las madres autónomas que se reincorporen a su actividad en los dos años posteriores a la maternidad con los que disfruten las trabajadoras del régimen general.

• Adecuar la composición, estructura y actividad del Consejo Económico y Social a la realidad económica actual y a las nuevas formas de organización del trabajo, en particular para mejorar la presencia de las asociaciones de trabajadores autónomos.

ATA valora muy positivamente la ceración de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados, que estudie una reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), con los siguientes objetivos:

• Articular un sistema que permita que los autónomos cuyos ingresos reales no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional no tengan la obligación de cotizar y que reduzca las cargas administrativas, mejorando la capacidad de elección de las cotizaciones de todos los autónomos.

• Establecer fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a tiempo parcial y para el que tenga vocación de no habitualidad o complementariedad económica.

• Alcanzar la plena compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad por cuenta propia.

• Facilitar la posibilidad de contabilizar, de cara a la pensión, la totalidad de la vida laboral.

• Fortalecer la protección social de la que disfrutan los trabajadores autónomos, para hacerla equiparable a las prestaciones del régimen general

“Podemos decir que estamos satisfechos en general, pero seguimos expectantes. De nada servirán estas negociaciones si no hay pronto un gobierno, un presidente y unos diputados decididos a sacar este país adelante”, añade Amor.

La morosidad empresarial es un serio problema, como hemos denunciado constantemente y como reconoce el documento de PP y Ciudadanos. Lastra su actividad económica y por eso hay que asegurar el cumplimiento de la normativa de plazos de pago empresarial. Entre las propuestas del documento en este sentido destaca la de aprobar la implantación de un régimen sancionador Además se solicita que las empresas que no cumplan con los períodos medios de pago legales no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social, así como en las licitaciones públicas se exigirá a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontraten.

Imprescindible es también avanzar en las medidas que puedan facilitarles su viabilidad financiera y garantizarles una real segunda oportunidad. Especialmente es importante permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, con la máxima seguridad jurídica y siguiendo criterios técnicos.

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